Las víctimas de delitos más graves serán oídas por el Juez para modificar el régimen penitenciario de los agresores

  • las víctimas de delitos más graves serán oídas por el Juez

    las víctimas de delitos más graves serán oídas por el Juez

    Las víctimas de delitos graves serán oídas por el Juez antes de decidir sobre la libertad  condicional, cambio de grado o adopción de beneficios penitenciarios de sus agresores condenados  mientras estén en prisión.

  • También estarán facultadas para recurrir las resoluciones que fijen estos cambios, que les serán notificadas, si así lo solicitan.
  • De este modo, unas 1.700 mujeres podrán recurrir la libertad o los permisos de sus maltratadores mientras se encuentren en prisión.
  • También se dispensará especial protección a víctimas menores de edad y a víctimas con discapacidad.

 

Estatuto de la víctima

La entrada en vigor del Estatuto de la Víctima del delito, Ley 4/2015 de 27 de Abril, el pasado 28 de Octubre, determina en su art. 13, que las víctimas, aunque no hayan sido parte en el procedimiento penal, dentro de la fase de ejecución, si así lo solicitan, podrán recurrir las resoluciones relativas a la situación penitenciaria del autor de delitos graves como: homicidio, aborto del artículo 144 del Código Penal, lesiones, contra la libertad, tortura y contra la integridad moral, libertad e indemnidad sexual, robo cometidos con violencia o intimidación, terrorismo y trata de seres humanos.

Notificaciones a las víctimas

Se notificarán a las víctimas las resoluciones relativas a dichas modificaciones del régimen penitenciario del condenado, estando las víctimas legitimadas para intervenir y recurrir estas resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria que les serán notificadas, estando facultadas y teniendo derecho a exponer su opinión ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, antes de que éste decida sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios penitenciarios de sus agresores. El auto de libertad condicional es recurrible cuando imponga una pena de más de cinco años de prisión. Así, 1.700 mujeres podrán recurrir la libertad o los permisos de sus maltratadores.

 

Posibilidad de realizar alegaciones por la víctima

También en los mismos casos, antes de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria tenga que dictar alguna de las resoluciones indicadas, dará traslado a la víctima para que en el plazo de cinco días formule sus alegaciones (art. 13-3).

 

Derecho de información y protección de las víctimas

La ley incluye nuevos derechos de las víctimas destacando su derecho de información, si desean tener conocimiento de las resoluciones que los juzgados adopten en ejecución de sentencias y situación penitenciaria, les serán  notificadas las resoluciones correspondientes, aunque también podrán manifestar su derecho de no ser informadas sobre estas resoluciones.

Desde su primer contacto con las autoridades, conocerán las incidencias que se vayan produciendo y tendrán derecho a estar protegidas y ser informadas de las resoluciones por las que se acuerde no iniciar el procedimiento penal, el sobreseimiento del asunto, o aquellas que acuerden medidas cautelares para garantizar su seguridad, intimidad, e integridad.

 

las víctimas de delitos más graves serán oídas por el Juez

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Medidas de protección a las víctimas

El art. 25, establece dichas medidas de protección, diferenciando:

A.- Durante la fase de investigación:

  • Declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin.
  • Declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda.
  • Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.
  • La toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se refieren los números 3.º y 4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o Fiscal.

B.- Durante la fase de enjuiciamiento:

  • Evitar el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación.
  • Garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas(videoconferencia)
  • Evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas.
  • Celebración de la vista oral sin presencia de público.

 

Medidas para garantizar los derechos de las víctimas

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Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada, garantizándoles tanto el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, como a las medidas de protección.

 

Víctimas menores o incapaces

Para el caso de las víctimas menores de edad y en el de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, además de las medidas previstas se adoptarán las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito (art. 26.1).

 

Queda así perfilado un régimen de derechos de la víctima, que se amplía no solo en la fase de investigación policial, instrucción judicial y celebración de vista, sino que además alcanza , una vez exista condena firma, a la ejecución de sentencia condenatoria en materia penitenciaria, dándose información y la posibilidad de que la víctima exprese su opinión con carácter previo y pueda recurrir las resoluciones relativas a dicha fase de ejecución penitenciaria, a la que antes la víctima no tenía acceso, mientras el agresor se encuentre internado en prisión.

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