Internamiento involuntario: urgente y ordinario

Internamiento involuntario: se produce en el caso de enfermos que carecen de capacidad para decidir sobre su tratamiento. Se distingue entre internamiento involuntario ordinario e internamiento voluntario urgente.

El internamiento involuntario urgente: es el que decide el médico que se produzca por la situación del enfermo y su urgencia. Luego ha de ser refrendado por el Juez.

El internamiento involuntario ordinario: es el que es decidido por el Juez, tras los trámites judiciales que correspondan. Se trata de situaciones no urgentes.

 

Internamiento involuntario

El acceso a un centro de salud puede producirse por voluntad del paciente o, en casos extremos, por necesidad del mismo y carencia de capacidad para decidir. Es normalmente el caso de los enfermos psiquiátricos, especialmente en momentos de crisis. Durante estos períodos de falta de capacidad para adoptar decisiones, es cuando se aplica el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo determina el procedimiento para el internamiento de un enfermo psíquico. Para que se decida su internamiento no voluntario, la persona a internar no está en condiciones de decidirlo por sí misma (aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela).

Internamiento involuntario: urgente y ordinario

Internamiento involuntario: urgente y ordinario

El internamiento involuntario requiere autorización judicial. El Juzgado competente es el del lugar donde resida la persona afectada.

Internamiento involuntario ordinario

El internamiento ordinario supone inexistencia de una situación urgente. Se necesita una resolución judicial que acuerde el internamiento involuntario. Serán los profesionales sanitarios quienes determinen si se puede prestar el tratamiento, si lo consideran necesario.
Dentro del procedimiento de incapacitación, previsto en el artículo 762 LEC, el internamiento se ordena  por el juez, sin que los médicos
decidan al respecto.

La autorización de internamiento sirve para una sola vez. Es necesaria una nueva autorización judicial, tras el alta de un anterior internamiento, pues una vez dada de alta, la persona recobra su plena capacidad, salvo que se encuentre sometida a limitaciones por decisión judicial que así lo establezca.

La ley no fija un plazo determinado para que una vez decidido, se lleve a cabo el internamiento. Criterios de prudencia aconsejan que éste no se dilate en el tiempo más de lo necesario, so pena de que se modifiquen las circunstancias y pueda no ser necesario.

Internamiento involuntario urgente

En los casos de urgencia, es el propio médico quien decide inicialmente que se produzca el ingreso involuntario del paciente. Dicho internamiento urgente, ha de ser posteriormente ratificado por el Juez en un brevísimo plazo. El internamiento urgente permite el internamiento no voluntario sin autorización judicial previa. La urgencia hace que la decisión se tome inicialmente por el facultativo por el peligro que supone no llevarse a cabo.

El Centro ha de comunicar al Juez dicho internamiento en el plazo máximo de 24 horas. Así pues, la admisión de un enfermo mental en un centro psiquiátrico es una decisión del médico. El facultativo puede admitir al enfermo, rechazarlo o determinar la urgencia del caso y su ingreso no voluntario, según su criterio profesional.

Por su parte, el Juzgado dispone de otras 72 horas desde que tiene conocimiento del internamiento urgente, para proceder a su ratificación, o poner en libertad al enfermo.

Dispone el artículo 763 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) que el deber de comunicar el ingreso urgente debe realizarlo “el responsable del centro”, no se especifica si es el médico, si debe aportar informe, pruebas médicas, etc.

Procedimiento

El Juzgado, antes de conceder la autorización o ratificar el internamiento ya efectuado, oirá a:

Internamiento involuntario: urgente y ordinario

Internamiento involuntario: urgente y ordinario

  1. La persona afectada por la decisión
  2.  Al Ministerio Fiscal y
  3. Su Abogado, si ha solicitado su intervención el afectado (el Juez debe informarle sobre esta posibilidad)
  4. Cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente, o le sea solicitada por el afectado por la medida.

En el caso de los internamientos  urgentes, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate. también deberá oír el dictamen de un facultativo por él designado.  Normalmente suele ser el Médico Forense adscrito al Juzgado. Todo ello sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso.

En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa (abogado y procurador).

El procedimiento judicial es muy breve y  en el caso de los urgentes, ha de realizarse en el plazo máximo de 72 horas. Dichop plazo se computa desde que tiene conocimiento el Juzgado. El expediente se resuelve por auto que convalidará el internamiento decidido por el médico, o no se accederá al mismo.

 Procedimiento: especial referencia al internamiento involuntario urgente

El internamiento urgente, se compone de una parte médico-sanitaria y de otra judicial. En la parte inicial fuera del Juzgado supone:

  1. Informe médico que certifique el trastorno psíquico que aconseja el internamiento
  2. Que se informe al paciente o representante sobre la causa del internamiento
  3. Que se comunique por el centro el internamiento y las razones del mismo al Juzgado en el plazo máximo de 24 hs.

Una vez comunicado al Juzgado, la fase judicial supone:

  • El Juzgado debe resolver en el pazo de 72 hs. (desde que la comunicación llega al mismo)
  • Durante este plazo se practicarán pruebas y trámites obligatorios o solicitados por el abogado del paciente o Ministerio Fiscal
  • Son trámites necesarios:
  • El Juez informará al internado, o representante legal de su situación

Se le informará de su derecho a:

  1. ser defendido por abogado y representado por procurador
  2. practicar las pruebas que le interesen
  • El Juez examinará personalmente el internado
  • Recabará el informe de un médico (normalmente el Forense)

En el indicado plazo de  72 horas (improrrogable), previo informe del Ministerio Fiscal, el Juez debe resolver. La resolución decidirá: o bien

ratificar el internamiento, o bien, acordar su cese.

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de apelación que resolverá la Audiencia Provincial.

Habeas Corpus

En caso de incumplimiento de los plazos y procedimientos legales, es posible iniciar el procedimiento de «Habeas Corpus», conforme a la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», cuyo objetivo es  “obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente“. Pues bien, en su art. 1, se consideran personas ilegalmente detenidas:

  • 1.- Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que:
  • a).- concurran los supuestos legales
  • b).- se hayan cumplido las formalidades y requisitos previstas en las leyes.
  • 2.- Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  • 3.- Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes. Si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
  • 4.- Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

Comentarios sobre la constitucionalidad de la regulación actual

Hay partes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 132/2010, de 2 de diciembre de 2010) al haberse aprobado por Ley ordinaria, cuando

internamiento involuntario

internamiento involuntario

debieran haberse establecido mediante Ley Orgánica. Dice textualmente: “La aplicación de la citada doctrina al presente caso nos lleva a declarar la inconstitucionalidad de aquellos incisos de los párrafos primero y segundo del artículo 763.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, que posibilitan la decisión de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, pues, en tanto que constitutiva de una privación de libertad, esta medida sólo puede regularse mediante ley orgánica“.

Pues bien, a fin de no dejar sin contenido alguno la regulación de los internamientos involuntarios, se mantiene parcialmente dicha normativa a fin de que exista regulación, al tratarse de la privación de un derecho fundamental como lo es la libertad.

Comentarios sobre cuestiones prácticas

La posición del Ministerio Fiscal es bicéfala, pues por un lado interviene como defensor del internado y por otro incluso puede solicitar su incapacitación e internamiento.

Parece aconsejable la intervención de un abogado independiente para garantía del internado. Su intervención debiera ser obligatoria y no potestativa como lo es en la actualidad. Baste pensar, que se trata de limitar el derecho a la libertad. En el ámbito penal para personas que han presuntamente han cometido un delito, se establecen legalmente un número importante de garantías. Pues bien, éstas no se encuentran en estos casos de privación de libertad por enfermedad mental.

Comentarios sobre nueva normativa

Es previsible que se promueva una Ley Orgánica, conforme a los criterios expresados por el Tribunal Constitucional. Dicha Ley establecerá el procedimiento y garantías del internamiento involuntario.

internamiento involuntario

internamiento involuntario

Actualmente los procedimientos urgentes se tramitan con excesiva sumariedad. Parece exigible en los informes, que sean más que meros formularios. Tampoco son razonables fórmulas genéricas sobre el estado de salud del sujeto a internamiento. Igualmente sería deseable que se especifiquen las necesidades de tratamiento cerrado e imposiblidad de otros métodos terapéuticos, alternativos a la privación de libertad. Igualmente la consideración sobre su capacidad para determinar si puede decidir sobre el tratamiento o terapia a seguir.

En caso de que sea autorizado por el Juez el internamiento, se prevé un control judicial del mismo. Aunque no es obligatorio un nuevo examen personal o exploración personal del interno la misma resulta muy recomendable. La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé un período máximo de seis meses para que, desde el centro de internamiento, se informe al Juzgado de la situación del enfermo. Este plazo parece excesivo pues los internamientos urgentes suelen ser de menor duración y es una garantía del internado. Esto, aunque suele ser lo que habitualmente contienen las resoluciones judiciales, no es óbice para que se establezcan con un intervalo menor.

Enlaces:

internamiento involuntarioArtículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 132/2010, de 2 de diciembre de 2010

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus»

Contenido
2
Presentación
2
Gráficos
2
Conjunto
2
Promedio
  Cargando por favor espere yasr-loader

Calificación

¿Ha sido útil? ¡ Con tu opinión mejoraremos! ¡Gracias!
[opiniones: 2 valoración media: 5]
Compártelo!

No Hay Comentarios

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *